Cada 30 horas muere una mujer a causa de violencia machista
Un informe elaborado por el Observatorio de Femicidios expuso que en 2016 se registraron 290 casos en Argentina, una cifra alarmante que supera a la de 2015. En San Luis el número de víctimas se cuantificó en 1 cada 200 mil, aproximadamente, durante el año pasado.
El informe del Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro y la Fundación Avon, se basó en las publicaciones de la prensa entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016.
Del estudio se desprende que en promedio murió una mujer cada 30 horas en el país, es decir un total de 290 víctimas. Sumado a esto se registraron 37 “femicidios vinculados” de hombres y niños, concepto que hace referencia a las personas que también pierden la vida por encontrarse junto a la víctima de un femicidio al momento del crimen.
Los agresores son, en su mayoría, parejas o exparejas. La cifra de este tipo de asesinatos es apenas superior a la del año anterior, cuando sumaron 286 casos. Pero los nuevos datos dan muestra de la saña: la mayoría de las víctimas fue apuñalada; se incrementaron los homicidios de embarazadas y los casos con indicios de abuso sexual previo al crimen, expuso La Nación.
Buenos Aires es el distrito con más casos, alcanzando los 90, probablemente por su magnitud; pero a la vez hay provincias donde el drama creció notoriamente con respecto a 2015, como Córdoba, que pasó de 19 a 30 femicidios.
Si, en cambio, se realiza el cómputo per cápita, la trágica lista es encabezada por Jujuy: el año pasado hubo 11 femicidios, 1,63 % cada 100 mil habitantes, tres veces más que en la provincia de Buenos Aires, donde la tasa fue de 0,57%.
La cifra actual de Jujuy superó a la de 2015 en Salta, que había sido el distrito con más femicidios per cápita, con 1,56% cada 100 mil habitantes. Esta vez esa provincia tuvo una tasa de 0,9, igual que Córdoba.
Por su parte la realidad de San Luis, se desprende un poco de estos números con un tasa de 0,46%, es decir habla de una mujer cada 200 mil habitantes, aproximadamente.
El 84 % de las mujeres no había denunciado previamente a sus agresores ni habían requerido medidas de protección. "Es que no creen en la Justicia. Y entonces tampoco buscan ayuda", explicó ayer Ada Rico, presidenta de la Casa del Encuentro, en la presentación del informe. La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Guadalupe Tagliaferri, recordó que una de cada 10 víctimas en la ciudad, según un informe de 2016, tampoco había pedido ayuda.
Los 290 femicidios de 2016 dejaron sin madre a 401 hijos; 242 de ellos son menores que podrían ser beneficiados con una asistencia económica hasta que cumplan 18 años, similar a la de una jubilación mínima, si se aprobara la ley Brisa. El senador Jaime Linares indicó a La Nación que en las próximas semanas el proyecto podría obtener media sanción.
Más del 64 % de las víctimas murió a manos de allegados: o eran parejas o lo habían sido.
Paradójicamente, el lugar más peligroso para ellas sigue siendo su casa: allí ocurrieron 143 de los 290 femicidios. Hubo casos excepcionales, como el que ocurrió en un penal de Tucumán, donde un preso mató a su novia allí donde estaba detenido por haber asesinado a otra mujer. "No hubo ningún protocolo que cuidara a la segunda víctima", dijo Rico.
A diferencia de años anteriores, en los que la mayoría de las víctimas fue baleada, en 2016 la principal modalidad fue el apuñalamiento. También aumentaron los casos con abuso sexual. El año pasado fueron 31, frente a los 27 de 2015 y los 21 de 2014.
Hubo 11 femicidas de entre 13 y 18 años, y 49 que decidieron quitarse la vida. Dos de las víctimas eran indígenas y 9, transexuales.
El senador Juan Manuel Abal Medina (FPV) dijo que se deberían pensar nuevas figuras delictivas "preventivas". Y las representantes de la campaña de Avon "Alza la voz" y de Farmacity (patrocinantes del informe) coincidieron en colaborar desde el área empresarial.
Se reclamó el cumplimiento del presupuesto del plan nacional contra la violencia de género. En enero se publicó en el Boletín Oficial que se recortarían 67 millones de pesos de esa partida. ONG presentaron un amparo. También se insistió con el patrocinio jurídico gratuito a las víctimas y con la creación de un fuero judicial especializado.